Por Bruno Cortés
En un país donde conectarse a internet puede ser tan caro como una renta, y en algunas comunidades ni siquiera hay señal para mandar un WhatsApp, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT, propuso algo que podría cambiar las reglas del juego: que el internet público y gratuito se vuelva un servicio municipal, al mismo nivel que la recolección de basura, el alumbrado o el agua potable.
Sí, leíste bien. Internet como un servicio público, garantizado desde el gobierno municipal. Esa es la idea central de una iniciativa que busca reformar el artículo 115 de la Constitución. ¿Por qué importa esto? Porque actualmente, aunque el acceso a internet está reconocido como un derecho humano por la ONU desde 2011, y la Constitución mexicana dice en su artículo 6 que el Estado debe garantizarlo, en la práctica muchos municipios ni siquiera lo contemplan dentro de sus responsabilidades. Y eso, en pleno 2025, es como vivir sin luz.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, y si avanza, permitiría que cada municipio tenga la facultad de ofrecer internet gratuito en lugares públicos, como plazas, bibliotecas, parques o centros comunitarios. Incluso, si se hace en colaboración con empresas privadas, los ayuntamientos tendrían que establecer reglas claras para que no se privatice el servicio ni se vuelva negocio disfrazado.
Reginaldo Sandoval lo dijo tal cual: el internet no puede seguir siendo un lujo, ni una barrera para la educación, el trabajo o la participación ciudadana. En zonas rurales y marginadas, hay niñas y niños que tienen que subir cerros para agarrar señal y hacer tareas. Hay campesinos, artesanas, adultos mayores que podrían mejorar su calidad de vida con algo tan sencillo como una conexión básica.
Y sí, la bronca es real. Según datos oficiales, millones de mexicanos todavía no tienen acceso estable a internet. Las empresas dicen que es porque “no es rentable” llevar señal a ciertas zonas, y mientras tanto, la brecha digital sigue creciendo. No es solo un tema de tecnología, es de igualdad, derechos y futuro.
La iniciativa también aclara que estos servicios no deben tener ánimo de lucro y se prestarían durante el tiempo que dure cada administración municipal, con posibilidad de renovarse o adaptarse según las condiciones locales. Es decir, nada de contratos eternos ni “regalos” a compañías que luego no cumplan.
En resumen, la idea es convertir al municipio en garante directo del derecho a conectarse, en lugar de dejar todo en manos del mercado o esperar a que llegue una promesa federal. Porque en tiempos donde casi todo se hace en línea —desde pedir trabajo hasta agendar una cita médica—, estar desconectado es una forma moderna de exclusión.
Ahora toca esperar si los demás diputados le entran en serio al tema o si, como muchas otras buenas ideas, se queda varada en comisiones. Pero de entrada, ya se puso sobre la mesa una discusión que México lleva años postergando: el internet no es un lujo, es un derecho. Y el municipio puede ser quien te lo garantice.
