Diversos medios difundieron quejas de ciudadanos morelenses por supuestas anomalías en la Dirección de Movilidad y Transporte del estado. Entre los principales señalamientos se encuentran la intervención de gestores que realizan trámites fuera de norma a cambio de dinero en efectivo, además del desorden operativo que provoca largas esperas y retrasos en la atención.
Aun con el compromiso de eliminar la corrupción y optimizar los procesos vehiculares, asumido por la gobernadora Margarita González Saravia en octubre de 2024, las publicaciones periodísticas revelan que las irregularidades continúan presentes.
La fusión de la Secretaría de Movilidad y Transporte con la Secretaría de Gobierno fue una de las primeras acciones de la nueva administración, que designó a Josué Fernández Fernández como titular. En noviembre de 2024, el propio funcionario reconoció públicamente que dentro de la dependencia se realizaban cobros indebidos y había tráfico de influencias. Sin embargo, las denuncias persistieron y, tras múltiples quejas, fue destituido en febrero de 2025.
Con la intención de restituir la confianza de la ciudadanía y establecer un sistema de movilidad eficiente y transparente, la gobernadora nombró a Jorge Alberto Barrera Toledo, exdiputado federal por Morena, tras la destitución del anterior titular. Esta remoción fue confirmada por el secretario general de Gobierno, Juan Salgado Brito, quien mencionó “evidencias contundentes” de actos ilícitos, aunque sin proporcionar detalles. Sin embargo, reportes de prensa señalan que las anomalías persisten.
Los trámites vehiculares más lucrativos, como emplacamientos de autos de lujo o cambios de propietario, habrían sido aprovechados por una red de gestores para generar ingresos de hasta 1,250 pesos por cada cien mil del valor comercial, de acuerdo con denuncias difundidas en medios. Esta operación irregular, respaldada por funcionarios en módulos de atención, cobraba entre 800 y 2,500 pesos por gestión. El presunto líder sería Martín Dámaso, alias «El Negro», exfuncionario, exjefe de revista mecánica (2006-2012) y director del servicio público, privado y particular (2018-2024). También se involucra a Héctor Pablo Ojeda Cárdenas, exsecretario de Gobierno, y a otros colaboradores: Federico Gómez, Fabián Figueroa, Francisco Arce Catalán, Primo Galindo Bolaños, Carlos Estrada («El Charly»), Diego Olea y Patricia Yáñez.
La ineficiencia en la atención también fue objeto de denuncia por parte de ciudadanos, además de las acusaciones por corrupción. Para poder realizar trámites, muchas personas deben presentarse desde las 4 o 5 de la mañana con la esperanza de conseguir un turno, aunque eso no garantiza ser atendido. Las prolongadas esperas provocaron protestas e inconformidad, reflejo de una crisis operativa que se suma a las irregularidades señaladas.
La escasez de placas metálicas obligó a las autoridades a entregar permisos temporales impresos en papel, lo que provocó inconformidad entre los automovilistas. Usuarios entrevistados por medios locales y nacionales relatan que, pese a largas horas de espera, no obtienen sus placas definitivas ni una fecha clara para la normalización del suministro.
La gestión del exgobernador Cuauhtémoc Blanco fue señalada por presuntas irregularidades, y este caso fue ampliamente cubierto por medios locales y nacionales como parte de una serie de críticas hacia la administración estatal actual.
El gobierno de González Saravia enfrenta una creciente presión social ante la exigencia de poner fin a las prácticas irregulares en la Dirección de Movilidad y Transporte. Esto ocurre pese a las constantes declaraciones de la gobernadora sobre su compromiso con la transparencia, cuya efectividad es cada vez más cuestionada.