Por Juan Pablo Ojeda
En Morelos no habrá censura a los narcocorridos, pero el gobierno estatal ya trazó una línea clara: quiere que esta música no suene en espacios públicos. Así lo dejó en claro Miguel Ángel Peláez, subsecretario de Gobierno del estado, quien afirmó que, aunque no se prohibirá su reproducción, se ha recomendado a los municipios evitar conciertos y contrataciones de artistas relacionados con este género.
“La política en el estado no es prohibir nada, y esto es parte de la música que a algunos no nos gusta. Pero la sugerencia, la recomendación, sí es que la evitemos, porque esta música genera violencia. Pero tanto como prohibir, no podemos hacerlo, porque es un derecho”, declaró Peláez en conferencia de prensa.
El llamado va dirigido a los 36 municipios de Morelos con el objetivo de disminuir la violencia. Aunque la medida no es vinculante, la autoridad estatal busca frenar la difusión de contenidos que, a su juicio, glorifican al crimen organizado.
El debate sobre los narcocorridos vuelve a tomar fuerza luego del reciente escándalo en el Estado de México, donde el cantante de regional mexicano Luis R. Conriquez fue agredido por asistentes a la Feria del Caballo Texcoco 2025, tras negarse a interpretar corridos en su presentación. La situación generó un amplio debate sobre el contenido de estas canciones y su influencia en la cultura popular.
Por si fuera poco, a inicios de abril, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de trabajo y turismo del grupo “Los Alegres del Barranco” tras proyectar imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en conciertos realizados en Jalisco y Michoacán.
A nivel nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado implementar regulaciones federales contra los narcocorridos. Sin embargo, reconoció que los estados y municipios tienen la facultad para limitar su difusión en espacios públicos, lo cual abre la puerta a medidas como la planteada por Morelos.
El tema toca fibras sensibles: por un lado, el derecho a la libertad de expresión y consumo cultural; por otro, la urgente necesidad de frenar la normalización de la violencia en México.
